martes, 6 de octubre de 2026

Patrimonializar para resistir: a diez años de la declaratoria de los mercados públicos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México

Mercados con Causa

Crédito Fotografía: Alberto Vargas.

Eliana del Pilar González Márquez | Alba Sud 06-10-2026

Diez años después de que los mercados públicos de Ciudad de México fueran reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible, su futuro sigue en disputa. Impulsada por los propios comerciantes para protegerlos frente al avance de las grandes cadenas, la patrimonialización ha reforzado su reconocimiento social y cultural, pero no ha evitado las desigualdades, la turistificación y las dificultades que amenazan su continuidad.

En 2016, los 329 mercados públicos de Ciudad de México fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad. La declaratoria fue impulsada por los propios comerciantes como una estrategia para defender estos espacios frente a la expansión de las cadenas comerciales. Diez años después, el patrimonio ha permitido visibilizar su importancia social y cultural, pero no ha detenido las profundas desigualdades que atraviesan los mercados: mientras algunos se convierten en espacios gourmet orientados al turismo y a consumidores de mayores ingresos, otros sobreviven entre la inflación, el deterioro de sus instalaciones y la pérdida de poder adquisitivo de sus clientes.

Los mercados públicos de Ciudad de México son mucho más que lugares donde se compran y venden alimentos. Son espacios donde se cruzan trabajo, relaciones familiares, memoria, alimentación, identidad barrial y formas cotidianas de socialización. En sus pasillos se reproducen conocimientos y prácticas que difícilmente pueden reducirse a la lógica económica del intercambio: el regateo, las relaciones de confianza entre comerciantes y clientes, las devociones, los vínculos de compadrazgo y paisanaje, así como las formas tradicionales de preparar y consumir alimentos.

Su historia, está vinculada a un proyecto de modernización urbana. Entre las décadas de 1940 y 1960, el Estado posrevolucionario impulsó una política de ordenamiento, higienización y regulación del comercio popular. Durante el gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, entre 1952 y 1966, miles de comerciantes que trabajaban en la vía pública fueron trasladados a mercados cerrados. La intención era ordenar una actividad considerada informal y hacerla administrativamente gobernable. El Reglamento de Mercados de 1951 formó parte de este proceso.

De aquella política surgió buena parte de la infraestructura que hoy reconocemos como Mercados Públicos. Pero los edificios terminaron adquiriendo una vida propia. Las familias comerciantes construyeron allí trayectorias laborales intergeneracionales, relaciones de vecindad y formas de pertenencia.

Actualmente, la red está integrada por 340 mercados distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad, con 72 mil locales que generan 280 mil empleos (Tovar-Sosa, 2025). Su permanencia, sin embargo, está atravesada por tensiones cada vez mayores. El abandono o deterioro de algunas instalaciones, la transformación de los patrones de consumo y la expansión de supermercados y tiendas de conveniencia han colocado a los pequeños comerciantes en una situación de competencia desigual.

La nota completa la encuentras en el blog ALBERTO MERCADOS EN LUCHA Alberto Mercados en lucha

de Barcelona (convocatoria 2025).

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